Los jueces de Bogotá le han solicitado al Congreso de la República que se mantenga la virtualidad en todas las especialidades y jurisdicciones, además de que, prevalezca la virtualidad y el uso de las TIC en las audiencias y en la interacción de los usuarios con la rama judicial, señalando que la presencialidad representa una desmejora considerable en la pretensión de brindar pronta y cumplida justicia. Sin embargo, no hay estudios sólidos ni estadísticas oficiales que realmente determinen si se han dictado más sentencias, o si se hacen más audiencias en la virtualidad que en la presencialidad. No se trata de pensar solo en el ahorro de recursos económicos del Consejo Superior de la Judicatura, por mantener la implementación de la virtualidad, sino de garantizar la aplicación del principio de acceso a la justicia, que propende por facilitar el acceso al servicio judicial por medio de audiencias virtuales y mensajes de datos de forma efectiva para todas las partes del sistema judicial. Además, se está desarrollando el proceso de digitalización de los expedientes judiciales bajo la gestión del Consejo Superior de la Judicatura, una herramienta fundamental para la modernización de la justicia que debe ir de la mano con el incremento y mejora del uso de las tecnologías de la información, la cual está en mora de implementación efectiva desde la LEAJ 270 de 1996. Actualmente, en el legislativo se discute la vigencia del Decreto 806 de 2020 que implementó la virtualidad judicial, ya que se pretende elevar a una ley, así las cosas, los jueces piden que sea la regla general, sin basarse en investigaciones ni datos que estudien a fondo las problemáticas constitucionales que surgieron en los despachos judiciales durante la pandemia del covid 19.